MARBELLA-MADRID: ¿Y CANTABRIA?
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29/11/2007
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La investigación judicial de políticos corruptos y funcionarios venales comenzó, hace ya algún tiempo, en Marbella. Ese súbito celo de la ley, dio lugar a la Operación Malaya. Una mezcla heterogénea de folklorismo rocambolesco, coca nasal y latrocinio especulador. Una trama delincuente que ha convertido aquel paisaje malagueño en un caldero rebosante de urbanizaciones sin ton ni son. Para mayor fortuna de alcaldes y concejales, ahora algunos encausados o encarcelados. Y de otros que consiguieron escapar de los agentes (1).
Ahora le toca al ayuntamiento de Madrid. Los jueces investigan a diversos funcionarios, de los que se presume que han estado cobrando comisiones a los promotores de la hostelería. Lo hacían a cambio de agilizar expedientes, para que tropezasen por la espesura burocrática municipal.
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, ha dicho a la Prensa que la policía judicial hará su labor a fondo en Madrid, como lo hizo en Marbella. Se especula con algún tipo de conexión cómplice entre ambas tramas dedicadas al cohecho, apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos adyacentes con base en el boom inmobiliario español.
Desde Marbella hasta Madrid hay aproximadamente la misma distancia que desde la capital del reino hasta Cantabria. Es de confiar pues que, si sigue la dinámica anticorrupción emprendida, trazando el eje sur-norte perpendicular, el próximo paso investigador le toque a Cantabria (Infinita). Apellidada así quizá porque, en esta Comunidad Autónoma, hay infinita tela que cortar, en cuanto a la destrucción de su territorio. Sobre todo el litoral.
Quiere la casualidad que el mismo ministro de la policía y la guardia civil sea cántabro. Oriundo de Solares. Aunque no se sabe si está al tanto de las tropelías de índole penal que, en materia urbanística, ocurren en su tierra desde hace décadas.
Son cometidas de modo regular por alcaldes, concejales y funcionarios corruptos que hacen fortunas de dinero negro. Igual que en Marbella y más que en Madrid. Sin embargo, hay un ingrediente especial. Cantabria es el feudo matriz del todopoderoso financiero global Botín-Banco Santander. Y ya se sabe: la familia ante todo. Su bucólica imagen de novia del mar huye de los escándalos. Por lo menos los oculta eficazmente debajo de la alfombra.
Así que Cantabria es más que discreta con los negocios turbulentos del ladrillo. Rige la omertá. Esa ley del silencio a la siciliana, que sirve para no ver lo evidente, ha garantizado hasta ahora la más absoluta impunidad a la delincuencia organizada e incrustadas en las instituciones. Hasta tal punto, que sus actividades se confunden con la normalidad.
Ningún juez, ni fiscal anticorrupción, se han puesto la toga de investigar esas corruptelas que están arruinando aceleradamente el entorno natural, hasta extremos absurdos. No obstante, sí se apresuró la judicatura regional a decapitar y silenciar definitivamente al único periódico que, semana tras semana y portada tras portada, lo denunciaba con pelos, señales y documentación. “La Realidad” se llamaba y aún está penando las consecuencias de su osadía.

(1)
En Cantabria no sorprende que dichos ediles pertenezcan al gremio de la construcción y afines. Y tampoco es nada fuera de lo común el que incluso se autoconcedan licencias para edificar sobre una reserva natural (alcaldes de Noja y Argoños). Que altos ejecutivos del Banco Santander montasen, en combinación con un alcalde costero de Arnuero, una trama de empresas con ese mismo fin; y que, bajo la batuta de los jerifaltes del PP, la Caja Cantabria adquiriera allí también terrenos rurales para recalificar (publicado en "Cambio16").
Uno de los casos más llamativos -aunque no el único- de incremento insospechado de patrimonio o fortuna personal, ha sido el del ex-alcalde de Comillas. Tras una larga labor periodística, yo mismo publiqué en “El País” las lucrativas hazañas de Pablo García Suárez o Pablo Quince, como se le conoce en el mundillo de la construcción.
Este personaje era socio o protegido de Carlos Sáiz Martínez, secretario general del Partido Popular y presidente de Caja Cantabria hasta la presente legislatura.
Entre ambos tenían previsto convertir el actual campus de la universidad pontificia en un mar de ladrillo. Caja Cantabria como propietaria del terreno y Pablo Quince en calidad de alcalde con potestad para recalificar, mediante el correspondiente plan de urbanismo a medida.
Las persistentes denuncias de “La Realidad” pusieron el freno a ese ambicioso proyecto. Luego, el cambio electoral hizo el resto para impedir tal desafuero.
El señorQuince interpuso una querella criminal que fue sobreseída. Carlos Sáiz consiguió cerrar la publicación, mediante el concurso judicial. Favorable a su “honor” y en detrimento de la libertad de expresión. Así fue.
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