La democracia o el canon de dimitir SINDEmora 28/03/2011 . Se sabe de sobra que la primera condición en un Estado (que se pretende) de Derecho es la separación entre poderes, según el modelo de equilibrio propugnado por el Barón de Montesquieu. Montesquieu estableció, con su teoría política, el canon admitido universalmente como esencial para la homologación de la práctica democrática institucional. Abundando más aún en las buenas intenciones liberales, otro incentivo interesante, en este sentido, sería arrebatarles de sus garras la democracia a las maquinarias de los partidos políticos: mediante la implantación de listas electores abiertas, por ejemplo; y modificar o directamente abolir la Ley D'Hont; poner a los políticos justiciables al mismo nivel que un ciudadano ordinario... Sin embargo, en esta España del “non plus ultra”, la que nos han vendido como un supositorio de Transición modélica, no sólo se ignora a Montesquieu y sus postulados. Por lo que se ve, en las alturas se jactan (y las gentes soportan sin rechistar) del chapoteo en el lodazal de la falacia constante. La que propicia que, de hecho y como se puede comprobar empíricamente a diario, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no sólo no mantienen una independencia entre sí, sino que funcionan como una auténtica Amalgama. No se comprende, de lo contrario y por poner algún ejemplo que, en este país, la carrera judicial, con sus premios, condecoraciones, promociones y ascensos, dependa directamente del gobierno de turno. Esto, cuando menos, huele a la posibilidad de nepotismo o suena a compensaciones por servicios prestados. Ningún magistrado en su sano juicio aspira a pudrirse profesionalmente en un juzgado remoto de la Sierra de la Culebra. Aunque esos aires sean muy sanos, el próspero porvenir está entre los amarillentos legajos de las grandes o medianas ciudades. Pero muchos son los aspirantes al éxito y pocos los elegidos. Así que todo el mundo anda pendiente de la criba...y, ojo al parche, no incomodar al que manda. En cualquier caso, la casta de las togas es una fauna ciertamente endogámica y como de museo de cera; a menudo transcurre aislada de la realidad común y corriente. Es una vida laboral encerrada entre cuatro paredes repletas de oposiciones memorísticas y sumarios. Sin asomarse, por lo regular, a la transformación evolutiva de la calle. Aunque luego la paradoja quiere que de esos jueces dependa, en gran medida, la racionalidad o no de la vida cotidiana. Que ésta sea o no jaula de grillos delirantes y exaltados. Aunque, como dice el axioma, en toda regla hay excepciones. A veces, los tribunales de la ley (justicia suele ser otra cosa) sorprenden con fallos que se avienen con la lógica. Es el caso de la sentencia de la Audiencia Nacional, invalidando el canon digital. Dinero recaudado en cantidad que no devuelvo, si puede ser. Decíamos que, en un estado de Derecho como debe ser, la ley ha de ser acatada por todos los ciudadanos, incluido el rey cuando se tercia una monarquía parlamentaria. Es más, los ministros del gobierno tendrían que ser los más interesados en predicar con el ejemplo, siquiera sea por dar lustre a la credibilidad del sistema. La ministra de Cultura Angeles Sinde no lo cree así y se atornilla al cargo a machamartillo. Además de ser juez y parte en la cuestión del canon digital, sigue empecinada en implantarlo, a pesar de su invalidación judicial. En otros países menos originales y cínicos que España, desde el punto de vista democrático, esta ministra debería haber dimitido sin demora. Por educación y por no convertirse en vulgar reo de la judicatura. En este caso de ángeles custodios, rea. .